Eres o fuiste funcionario público, o contrataste con el Estado, y te investigan por cohecho, negociación incompatible, fraude al fisco o figuras similares. Muchas veces empieza con un sumario administrativo y termina en sede penal. Lo que se decidió y por qué se decidió es la defensa.
Los delitos contra la función pública incluyen cohecho (soborno), negociación incompatible, fraude al fisco, infidelidad custodial y figuras afines. La Ley 21.595 incorporó modificaciones a varias de estas figuras. El núcleo de la defensa está en determinar si hubo interés comprometido, cómo se adoptó la decisión, qué papel tuvo cada persona en la cadena de mando y si la conducta se ajustó a las facultades del cargo.
Para funcionarios públicos, ex funcionarios, autoridades, contratistas del Estado y cualquier persona investigada por decisiones adoptadas en el ejercicio de un cargo público o en relación con la administración del Estado.
El beneficio supuesto o el monto del contrato cuestionado cuantifica la pena. Si la decisión fue transparente, no hay delito.
La Ley 21.595 endureció penas de cohecho y negociación incompatible. La cautelar puede ser prisión preventiva.
Una acusación por delito contra la función pública destruye carreras públicas. La defensa empieza por delimitar el interés comprometido.
La Ley de Delitos Económicos modificó varias figuras de delitos contra la función pública, endureciendo penas y ampliando conductas tipificadas. El sumario administrativo y la causa penal son dos cosas distintas: una observación administrativa no es una condena penal.
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