Tu organización recibió fondos públicos o subsidios y se cuestiona cómo se obtuvieron o en qué se gastaron. Suele partir por una auditoría o una rendición observada, y de ahí escalar a sede penal. El trabajo está en demostrar que la información era correcta y el uso se ajustó a las condiciones.
El fraude de subvenciones consiste en obtener fondos públicos o subsidios entregando información falsa o incompleta, o destinándolos a fines distintos a los autorizados. La Ley 21.595 lo regula expresamente. La defensa se centra en si la información entregada era falsa o simplemente incompleta, y si el uso de los fondos se ajustó a las condiciones del programa. Una rendición observada no es automáticamente un delito.
Para organizaciones, fundaciones, empresas y personas naturales que recibieron fondos públicos, subsidios o subvenciones y son investigadas por cómo los obtuvieron o cómo los usaron.
El monto del subsidio cuestionado cuantifica la pena. Si la información era correcta y el uso se ajustó, no hay delito.
La Ley 21.595 tipificó el fraude de subvenciones como figura autónoma con penas propias. La cautelar puede incluir prisión.
Una acusación por fraude de subvenciones mancha la reputación de tu organización. La defensa empieza por la auditoría y la rendición.
La Ley de Delitos Económicos tipificó el fraude de subvenciones como figura autónoma. La auditoría y la rendición son el punto de partida, pero la existencia de observaciones administrativas no demuestra por sí sola el dolo penal.
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