La Ley 21.595 reordenó cómo se determinan las penas en delitos económicos y volvió considerablemente más difícil acceder a penas que se cumplan en libertad. Situaciones que hace unos años terminaban de una manera, hoy terminan de otra. El escenario que te describió alguien de memoria puede estar desactualizado.
La Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595), publicada en 2024, introduce un nuevo catálogo de figuras penales, reordena las existentes y modifica el régimen de penas. Endurece el acceso a salidas alternativas, amplía las conductas tipificadas y crea figuras nuevas como la administración desleal y el fraude de subvenciones como delitos autónomos. Para quien está siendo investigado, lo relevante es que las reglas cambiaron: la estrategia que funcionaba antes puede no funcionar hoy.
Para cualquier persona o empresa investigada o formalizada por un delito económico bajo la nueva ley. También para quienes quieren saber, antes de que exista una causa, cómo los afecta la nueva normativa y qué conviene hacer preventivamente.
Cuentas trabadas, bienes embargados y una empresa que no puede operar con normalidad mientras la causa esté abierta.
La Ley de Delitos Económicos hizo más difícil que la condena se cumpla en libertad. Las medidas cautelares son más duras que antes.
Lo que costó años construir puede quedar asociado a una causa penal para siempre, aunque después no se condene.
La ley modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y leyes especiales. Crea un sistema de penas propio para delitos económicos, con reglas distintas para personas naturales y jurídicas, y introduce la responsabilidad penal de la empresa. Litigar bajo esta ley requiere conocerla a fondo, no aplicar la memoria del código anterior.
Dos minutos, cinco preguntas, y sabes en qué situación estás y cuál es el mejor camino para tu caso. Si no somos nosotros quienes debemos tomarlo, te lo decimos ahí mismo y te orientamos hacia dónde ir.